Las restricciones gubernamentales son ineficaces: la nueva ley italiana no ha logrado frenar las solicitudes. Solo en el Véneto, se presentaron 10 solicitudes entre marzo y septiembre de 2025.
La decisión refuerza la percepción de que los tribunales constitucionales europeos priorizan la protección de los derechos históricos y constitucionales.
El Ayuntamiento de Roma tiene más de 120 certificados pendientes. El retraso afecta a padres e hijos que perdieron su derecho a la ciudadanía con la nueva ley.