La Agencia Tributaria italiana (Agenzia delle Entrate) ha anunciado una nueva tarifa que los expertos consideran irrazonable. A partir de ahora, cada solicitante que figure en las solicitudes de ciudadanía italiana deberá pagar... tendre que pagar 100€ (alrededor de R$ 630) por registrar la sentencia.
El cambio fue anunciado este martes (14). Hasta 2024, la práctica era cobrar una tarifa fija por proceso, independientemente del número de participantes.
¿Qué cambia con la nueva norma?
Con la determinación, los procesos con múltiples solicitantes verán incrementados sus costos proporcionalmente al número de interesados. Así, una acción con cinco solicitantes, por ejemplo, tendrá un incremento de 500€.
La justificación presentada por la agencia se basa en una interpretación más restrictiva del Código Civil italiano, que prevé tasas específicas para el registro de actos procesales. Sin embargo, abogados y expertos cuestionan esta aplicación.

Preguntas legales
El abogado Antonio Cattaneo Explica que no existe ningún fundamento o base legal para este requisito. “Las decisiones judiciales están sujetas a una tasa fija de 200 euros. Esta cantidad se reparte entre las partes, la mitad a cargo de los solicitantes y la otra mitad a cargo del Ministerio del Interior”, afirma.
Valerio Piccolo, también abogado, refuerza que los nuevos honorarios son jurídicamente infundados. “La legislación determina que el valor se aplica a la pena, no al número de personas que integran la paritaria. Gravar a cada solicitante individualmente no tiene base legal”, explica.
Impacto en las familias
Además de la nueva tasa de 100 € por solicitante, desde el 1 de enero de 2025 se aplica otro cargo elevado: 600 € por persona para los procesos de reconocimiento de la ciudadanía italiana. Anteriormente, el importe era de 548 € por solicitud, independientemente del número de participantes.
“Esta nueva tasa inventada por la Agenzia delle Entrate es absurda y desproporcionada. No me sorprendería que decidieran cobrar importes retroactivos. La justicia debería reparar derechos, pero se convierte en un obstáculo financiero”, critica Reginaldo Maia, De Bendita ciudadanía, empresa especializada en solicitudes de ciudadanía italiana.
La suma de los costes preocupa a los descendientes y expertos italianos. Para muchos, el acceso a la ciudadanía se vuelve inviable, especialmente para familias con menor poder adquisitivo.






































