La sentencia 137/2026 rechaza el argumento de que un impuesto nunca puede limitar el acceso a la justicia, pero exige proporcionalidad y estricta necesidad.
El tribunal revisa la norma que impide emprender acciones legales sin el pago previo. Un abogado explica las repercusiones para quienes buscan la ciudadanía a través de los tribunales.