La propuesta del gobierno italiano de introducir una tasa de 600 euros por solicitante en los procesos de reconocimiento ciudadanía italiana ha movilizado a los defensores de los derechos de los descendientes de italianos, políticos como Fabio Portay entidades representativas.
Se espera que la medida entre en vigor en 2025, si es aprobada por el Parlamento, firmado por el presidente Sergio Mattarella el miércoles (23), representaría un costo significativo, especialmente para las familias de países con monedas más débiles, como las de América del Sur.
Resistencias y estrategias frente a la propuesta
Durante el congreso anual de la Consejo General de los Italianos en el Extranjero (CGIE) celebrada en Buenos Aires la semana pasada, los delegados expresaron su preocupación por el impacto del nuevo impuesto en el acceso a la ciudadanía.
Daniel Taddone, asesor del organismo, destacó la urgencia de “bloquear completamente los artículos 105 y 106” de la propuesta. Señaló que, si no es posible detener el cobro por completo, al menos se debe considerar una reducción del monto.
En el evento, la Asamblea Continental de América Latina formalizó una solicitud a los parlamentarios italianos, especialmente a los elegidos en el extranjero, para defender los intereses de los ciudadanos italianos residentes fuera del país en la Ley de Presupuesto para 2025, posicionándose contra tarifas excesivas en los procesos de ciudadanía y otras medidas que perjudican a esta comunidad.
Implicaciones constitucionales y trato desigual
Según abogados entrevistados por el italianismo, el trato desigual entre descendientes de línea paterna y materna, por ejemplo, puede violar los principios de igualdad establecidos por el artículo 3 de la Constitución italiana y comprometer el derecho de acceso a la justicia, garantizado por el artículo 24.
La nueva tasa obliga a los solicitantes maternos a acudir a los tribunales y pagar el doble de lo que se cobra por los procesos paternos, que se pueden realizar directamente en los consulados por 300 euros.
Esta distinción se considera discriminatoria e impone una carga desproporcionada a los descendientes que necesitan recursos legales. Por tanto, creen que este nuevo impuesto no será aprobado.
Posibles excepciones para los descendientes de italianos de bajos ingresos
Juristas y especialistas en ciudadanía italiana considere invocar el acuerdo bilateral entre Brasil e Italia, que proporciona asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos de ambos países en procedimientos civiles, incluidas las solicitudes de ciudadanía. El artículo 10 de la Ley No. 336, de 18 de agosto de 1993, determina que los ciudadanos de bajos ingresos están exentos de tasas judiciales, garantizando que el derecho a la ciudadanía no se convierta en un privilegio restringido.
Según esta legislación, los solicitantes con ingresos anuales inferiores a 11.746,68 euros (alrededor de 6.031 reales mensuales en Brasil) tendrían derecho a la exención de tasas en los procedimientos civiles, que incluyen el reconocimiento de la ciudadanía.
Sin embargo, la posibilidad de una exención para los descendientes de italianos se ve con escepticismo. “Creo que es difícil. No veo ninguna racionalidad en esta tesis. No tienes dinero para pagar los honorarios, pero ¿tienes dinero para pagar los certificados, la traducción o los honorarios de los abogados?”, observó un abogado.
La votación tendrá lugar a finales de diciembre.
El Proyecto de Presupuesto 2025, firmado por el presidente Sergio Mattarella, establece una nueva tasa de 600 euros por solicitante en los procesos de reconocimiento judicial de ciudadanía italiana, además de la aportación unificada actual, que es de 545 euros por trámite.
Este aumento de costes puede afectar especialmente a las familias que presentan solicitudes conjuntas, ya que cada miembro debe pagar individualmente, elevando los gastos legales a miles de euros.
La propuesta aún será votada por el Parlamento en los últimos días de 2024. Está previsto que las discusiones comiencen el 28 de octubre, con posibilidad de cambios hasta el 10 de noviembre. De aprobarse, la nueva tarifa comenzará a cobrarse el 1 de enero de 2025.
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