El gobierno afirma que la acción se presentó antes de que el decreto entrara en vigor y está intentando desestimar la acción que impugna la nueva norma de ciudadanía.
Los consulados no pueden satisfacer la demanda y el Parlamento está considerando extender por dos años el plazo para que los menores obtengan la ciudadanía.
La decisión refuerza la percepción de que los tribunales constitucionales europeos priorizan la protección de los derechos históricos y constitucionales.