"La ciudadanía italiana es un asunto serio". La frase, pronunciada en marzo por el viceprimer ministro Antonio Tajani, sonaba como un diagnóstico contundente de la oleada de descendientes latinoamericanos que buscaban su ansiada ciudadanía italiana. Pero bastó con que la Fiscalía hiciera lo mínimo indispensable —investigar— para descubrir que, si hay algún engaño, este empieza en las oficinas gubernamentales.
El nuevo escándalo de la ciudadanía italiana ha estallado en dos pequeñas y modestas localidades de Val di Sangro: Montebello sul Sangro y Borrello. Región de AbruzosSegún la Fiscalía de Lanciano, en estos municipios floreció un sistema de concesión de ciudadanía tan eficiente como lucrativo. Y, contrariamente a lo que insinuó el ministro, quienes lo gestionaban no eran las agencias consultoras, sino los municipios italianos.
Dos alcaldes enfrentan cargos de corrupción, asociación delictiva y falsificación de documentos. También figuran en la lista funcionarios públicos y empresarios desbordantes de creatividad y pragmatismo. ¿Los objetivos? Personas de ascendencia sudamericana, principalmente argentinos y brasileños. ¿Los métodos? Residencias ficticias, trámites acelerados, sellos amigables y un sistema de pago instantáneo (PIX) amigable de entre 2.500 y 5.000 euros.
La mecánica era ingeniosa. Los nuevos "residentes" italianos aparecían como fantasmas en edificios abandonados, hoteles inutilizados y casas a las que ni siquiera llegaba el cartero. Pero todo estaba en regla en el certificado de nacimiento: perfectamente italiano, con derecho a registrarse en el AIRE tan pronto como se les concediera la ciudadanía, para no influir en las estadísticas demográficas locales. Al fin y al cabo, no se puede permitir que una trama de corrupción interfiera con el Istat, el "IBGE italiano" (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística).
El empleado clave del sistema era Luciano Nicola Giampaolo, un funcionario que, precisamente, trabajaba en ambos municipios. Un auténtico talento para la multitarea. ¿La acusación? Aceptar dinero y "otros favores" para convertir la cola de atención ciudadana en una pista de trineo. La eficiencia lo es todo.
El esquema tendría dos brazos bien definidos: uno para los "hermanos" (argentinos), liderado por Adrián Mario Luciano y Marcela Elena Clavaschino; el otro para los brasileños, bajo el mando de Mauro Paolini y los hermanos Felipe y Marco Carrer Cruz. La globalización de la improvisación.
Sin embargo, según se informa, los alcaldes recibieron más que solo aplausos. Nicola Di Fabrizio, de Montebello sul Sangro, presuntamente recibió beneficios directos. Armando Di Luca, de Borrello, está acusado de aumentar su base electoral con un paquete de votos importados, gracias a registros ficticios antes de las elecciones de junio de 2024. Todo ello en el marco del compromiso cívico local.
En total, se cree que más de 280 casos fueron fraudulentos. La cifra es impresionante, pero no tanto como el silencio institucional que rodea el escándalo. El ministro Tajani aún no se ha pronunciado. Quizás porque, en este caso, los delincuentes no hablan español ni portugués. Pero deberían ser parte de su base electoral.
Mientras tanto, la oposición municipal intenta rescatar lo que le queda de credibilidad. En Borrello, los concejales Carmine Evangelista y Gerardo Petrella han pedido la dimisión de Di Luca. Sugirieron que el cargo lo ocupe temporalmente el vicealcalde, Vincenzo Di Benedetto, hasta que finalice el proceso judicial. Esto es un intento de mantener, al menos en teoría, la legalidad administrativa.
La audiencia preliminar está programada para el 16 de febrero de 2026. según el portal Il CentroLa defensa promete presentar versiones alternativas de los hechos. Quizás argumenten que todo fue solo un experimento social sobre la globalización, la burocracia y la evasión de las normas.
Mientras tanto, en la campiña italiana, la ciudadanía sigue siendo un derecho. O un servicio. Depende de... oficina.
