Una investigación realizada por la policía de Treviso, en Italia, publicada este lunes (07/10), revela un plan que involucra a 160 brasileños a quienes se les concedió la ciudadanía italiana a través de procesos irregulares.
El fraude, ocurrido entre octubre de 2018 y 2022, facilitó el acceso a la ciudadanía italiana a brasileños sin que cumplieran los requisitos de residencia legal. Los implicados, entre ellos tres policías locales, enfrentan cargos de falsificación de documentos y materiales.

Falsa residencia y participación de agentes policiales.
Según las investigaciones, los brasileños llegaron a la ciudad de Cruz MontelloEn la provincia de Treviso, con una sola maleta, residieron durante unos días en apartamentos preseleccionados para simular el cumplimiento del requisito de residencia necesario para obtener la ciudadanía italiana por descendencia. ("jure sanguinis").
Entre los diez acusados, además de los brasileños que actuaron como intermediarios en la trama, se encuentran tres agentes de la policía local -conocidos como vigile- que, según los investigadores, certificaron ilegalmente la residencia de los solicitantes.
Incluso con el constante intercambio de inquilinos en las mismas propiedades, la policía no cuestionó la validez de los contratos de alquiler y residencias temporales.
El papel de los intermediarios brasileños
El plan contó con el apoyo de seis brasileños residentes en la región, que operaban agencias que facilitaban los procesos administrativos.
Estos intermediarios brindaron servicios integrales para que sus compatriotas obtuvieran la ciudadanía, incluida la falsificación de declaraciones de vivienda y asistencia en la recopilación de los documentos necesarios.
También tendrían acceso a información privilegiada sobre los plazos de verificación de las autoridades locales, lo que les permitió ajustar el cronograma de entrada y salida de los solicitantes a las propiedades.

Implicaciones y próximos pasos
Además de los intermediarios y policías, también fue acusada una italiana de 74 años de haber cedido su residencia a nueve brasileños durante el período investigado, facilitando la simulación de la vivienda requerida en el proceso.
Ahora, todos los imputados tienen 20 días para presentar su defensa e intentar evitar el juicio, según el diario La Tribuna.
*Artículo en actualización



























































